Lo novedoso de un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán reunió al fiscal federal general de esta provincia, Gustavo Gómez, y al legislador Eudoro Aráoz (UCR-Cambiemos). El jueves, tras un encuentro en los Tribunales Federales, ambos analizaron los posibles impactos de aquella sentencia en la investigación por presuntas anomalías en programas habitacionales del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu).
En los últimos casos de trascendencia institucional, el criterio había sido que los expedientes por hechos sucedidos en la órbita de la provincia fueran tomados por la Justicia tucumana, más allá de que los recursos tuvieran por origen la Nación.
Gómez, en rueda de prensa, destacó por ello la resolución de un caso en el que se declaró la competencia de ese fuero con respecto a la denuncia de un vecino de San Pablo por una vivienda que debió haber sido edificada en esa localidad, en el marco de un programa nacional. Aráoz le comunicó al fiscal general que hay otros casos similares, y que está dispuesto a reunir a posibles damnificados para que realicen una presentación formal.
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En ese sentido, Gómez aclaró que se debería limitar a “analizar el manejo de los fondos que vienen” de la Nación al Ipvdu, ya que la Fiscalía de Instrucción XI en lo Penal de la Capital, del fuero local, está tramitando una pesquisa sobre otros posibles delitos de competencia provincial.
Puerta abierta
Aráoz señaló que le pareció relevante interiorizarse sobre el fallo relativo al vecino de San Pablo y que abre la puerta a la Justicia federal para entender en causas sobre recursos nacionales. La denuncia en trámite, que data de 2014, involucra fondos recibidos en el marco del Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir II”. Según el legislador radical, esta novedad en los tribunales permitirá que se indague sobre el destino dado a los dineros remitidos por la Nación para casas sociales. “Hay más de 110.000 inscriptos con necesidades básicas comprobadas, aptos para participar de sorteos y recibir unidades sociales. Pero en Tucumán se ha ideado un mecanismo perverso para marginar a esas personas del sistema”, señaló el opositor.
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Aseveró luego que “la Provincia se niega” a firmar un convenio con la Nación según el cual las construcciones del Ipvdu deben tener como prioridad a ciudadanos cuyos ingresos no superen los dos sueldos mínimos.
“La intención es que todas esas viviendas vayan a sorteo, que el Ipvdu deje de ser una gran inmobiliaria para hacer negocios”, manifestó luego el radical.
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Añadió que, junto a sus asesores, recolectarán los datos de personas damnificadas por estas supuestas anomalías, y efectuarán las presentaciones de rigor.
“Vamos a buscar que todas las viviendas que se están ejecutando en Tucumán vayan a las personas realmente inscriptas, y que los fondos que se reciben de la Nación sean utilizados donde tiene que ser”, remarcó Aráoz.
Controversia
La cuestión de la competencia del fuero federal en causas relacionadas al manejo de fondos públicos generó controversia en distintos expedientes.
A fines del año pasado, el juez federal N°1 de Tucumán Daniel Bejas siguió los criterios que venían predominando y remitió a la Justicia provincial una de las causas sobre el plan “Más Cerca”, abierta a raíz de una denuncia de la senadora radical Silvia Elías de Pérez (Cambiemos).
El fiscal federal N° 1, Carlos Brito, quien había pedido seis indagatorias, objetó esa decisión y pidió que la investigación siga bajo su órbita, por lo que la cuestión debe ser resuelta por la Cámara Federal de Apelaciones.